El pasado año la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Dicho instrumento contiene que la tortura está tipificada como un delito grave que implicaría hasta 25 años de prisión a quienes lo cometan.
Cuando confiamos en la aprobación de esta ley como salvación y que los 32 artículos que la conforman sancionarían definitivamente estas prácticas violatorias de los derechos humanos, diversos casos de abuso y atropello han sido reflejados a través de videos, fotografías y en alguno que otro medio de comunicación durante los últimos meses de protestas en Venezuela.
El abuso de autoridad y de la fuerza por parte de algunos funcionarios policiales y militares ha estado visible y es por eso que el llamado a la denuncia de estas terribles prácticas debe ser más contundente.
La tortura sigue siendo utilizada por las fuerzas de seguridad del Estado, la policía y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y desde hace más de 20 años se conocen denuncias por la falta de transparencia de las autoridades competentes encargadas de promover y garantizar los derechos humanos en el país. También se conocen casos en los que las víctimas y sus familiares ignoran sus derechos y los mecanismos de denuncia, o prefieren permanecer en silencio por miedo a represalias a futuro.
Debemos saber que la ley contra la tortura existe, que está en vigencia y que la denuncia es la única forma que se logre que estos delitos sean erradicados por completo en nuestra sociedad. El gobierno nacional debe dejar de permitir que miembros de organismos de seguridad recurran a la tortura como método de investigación o de sanción a los posibles sospechosos.
El día a día nos ha mostrado que los derechos humanos siguen siendo vulnerados. Las víctimas son torturadas por la policía y los militares y estos abusos se producen hasta en la capital de la República, donde existen hechos en los que pareciera que protestar merece inmediatamente una vejación por alguna autoridad.
Al investigar estas denuncias se puede resaltar que las y los torturadores combinan la tortura física y la psicológica. Los procedimientos consisten en golpes, disparos a quemarropa con balas o perdigones, la asfixia en bolsas de plástico, electroshock, privación de alimentos, amenazas a familiares, aislamiento y hasta la muerte. Estas prácticas buscan obtener información o confesiones, para supervisar y reprimir a los detenidos; intimidar y castigar.
Y aunque la tortura se conoce en Venezuela desde el siglo XVI la promulgación de dicha ley era una deuda y obligación que tenía el Estado desde el 29 de julio de 1991, fecha en la que ratificó la Convención contra la Tortura de 1984. Entonces, podemos decir que tenemos una ley contra la tortura, aunque esto no significa que dichas violaciones a los derechos humanos son o serán inexistentes. De nosotros depende que esta práctica sea abolida por medio de la denuncia.
Periodista: Gabriela Buada Bondell @gabybuada
Fuente: ElUniversal.com
Cuando confiamos en la aprobación de esta ley como salvación y que los 32 artículos que la conforman sancionarían definitivamente estas prácticas violatorias de los derechos humanos, diversos casos de abuso y atropello han sido reflejados a través de videos, fotografías y en alguno que otro medio de comunicación durante los últimos meses de protestas en Venezuela.
El abuso de autoridad y de la fuerza por parte de algunos funcionarios policiales y militares ha estado visible y es por eso que el llamado a la denuncia de estas terribles prácticas debe ser más contundente.
La tortura sigue siendo utilizada por las fuerzas de seguridad del Estado, la policía y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y desde hace más de 20 años se conocen denuncias por la falta de transparencia de las autoridades competentes encargadas de promover y garantizar los derechos humanos en el país. También se conocen casos en los que las víctimas y sus familiares ignoran sus derechos y los mecanismos de denuncia, o prefieren permanecer en silencio por miedo a represalias a futuro.
Debemos saber que la ley contra la tortura existe, que está en vigencia y que la denuncia es la única forma que se logre que estos delitos sean erradicados por completo en nuestra sociedad. El gobierno nacional debe dejar de permitir que miembros de organismos de seguridad recurran a la tortura como método de investigación o de sanción a los posibles sospechosos.
El día a día nos ha mostrado que los derechos humanos siguen siendo vulnerados. Las víctimas son torturadas por la policía y los militares y estos abusos se producen hasta en la capital de la República, donde existen hechos en los que pareciera que protestar merece inmediatamente una vejación por alguna autoridad.
Al investigar estas denuncias se puede resaltar que las y los torturadores combinan la tortura física y la psicológica. Los procedimientos consisten en golpes, disparos a quemarropa con balas o perdigones, la asfixia en bolsas de plástico, electroshock, privación de alimentos, amenazas a familiares, aislamiento y hasta la muerte. Estas prácticas buscan obtener información o confesiones, para supervisar y reprimir a los detenidos; intimidar y castigar.
Y aunque la tortura se conoce en Venezuela desde el siglo XVI la promulgación de dicha ley era una deuda y obligación que tenía el Estado desde el 29 de julio de 1991, fecha en la que ratificó la Convención contra la Tortura de 1984. Entonces, podemos decir que tenemos una ley contra la tortura, aunque esto no significa que dichas violaciones a los derechos humanos son o serán inexistentes. De nosotros depende que esta práctica sea abolida por medio de la denuncia.
Periodista: Gabriela Buada Bondell @gabybuada
Fuente: ElUniversal.com
