La anomia es un concepto sociológico. Existe anomia cuando en una determinada sociedad las reglas sociales se han degradado a tal nivel que ya no son respetadas por los miembros de la comunidad.
El creador de ese concepto fue el filoso francés Emile Durkheim, considerado como el padre de la sociología. Después de él, la sociología y los psicólogos se han dedicado a precisar el concepto.
En nuestro país, el recientemente fallecido profesor Heinz Sontag, dedicó muchos años a profundizar el tema analizando su posible aplicación a la realidad venezolana contemporánea. Afortunadamente, el profesor Sontag no tuvo que ver ni vivir lo que estamos padeciendo hoy, en esta Venezuela en la que un régimen quiere perpetuarse en el poder al precio que sea, en contra de la voluntad del 80% de la población.
Hablar de anomia es hoy un tema complicado porque precisamente lo que exige esa inmensa mayoría es precisamente que se cumpla la dispuesto en la Constitución y en las leyes.
Sin embargo, pareciera ser que el gobierno, por las razones que fueren, se empeña en crear un caos social promoviendo o permitiendo que grupos anárquicos y armados violen las leyes en contra de las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica por considerar que se ha producido en el país una ruptura del orden constitucional.
Si a estos grupos se les suma el comportamiento delictivo de funcionarios de la GNB y de la PNB que han sido grabados robando a manifestantes y destruyendo motocicletas, el caso se vuelve aún más complejo porque, o son reacciones anómicas de los funcionarios incursos en esos delitos o, lo que no nos atrevemos a sostener, por carecer de pruebas, están recibiendo órdenes superiores.
En todo caso, la Fiscalía General de la República puede recabar muchos testimonios audiovisuales que confirman, e incluso muestran los rostros de personas cometiendo esos delitos, y proceder a imputarlos penalmente.
De igual manera, debe recordarle a los funcionarios de la GNB que es ilícito que un funcionario en ejercicio de contención de las manifestaciones públicas oculte su nombre y rango detrás de un chaleco antibalas.
Pretender ser anónimo no libra a ese funcionario de su obligación de respetar la ley y los derechos humanos de los ciudadanos, y mucho menos de su responsabilidad, si ha cometido en el ejercicio de sus funciones algún delito.
Si bien es cierto que en la Venezuela actual es difícil aplicar la ley en los tribunales, en la justicia internacional, regulada por el tratado de Roma del cual nuestro país es parte, los delitos de lesa humanidad y de tortura no prescriben.
Si hay suficientes evidencias, estos funcionarios así como sus superiores, en caso de haber estado involucrados, serán condenados algún día.
Por ahora, los que creen en la primacía de la Constitución deberán seguir defendiéndola contra todo intento de destruir el factor esencial de cohesión social que es nuestra Carta Magna.
Cortesía: Analítica
