El Colegio Nacional de Periodistas-Caracas rechaza las acción penal ejercida por el diputado del PSUV, Pedro Lander, contra la colega Sara Carolina Díaz, a quien acusó de vilipendio por reportar un incidente en el centro de Caracas, el pasado martes 2 de agosto, cuando un grupo de personas señaló que el suplente del Parlatino había agredido a un indigente.
Lander, como integrante de un organismo internacional, debe saber que la existencia y aplicación de normas que penalizan la expresión eventualmente ofensiva contra funcionarios públicos o leyes de desacato, en cualquiera de sus formas, resultan contrarias a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en la Convención Americanasobre Derechos Humanos, ha establecido y reiterado que la utilización del Derecho Penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión.
“No hay un interés social imperativo que justifique esta utilización, la cual resulta innecesaria y desproporcionada, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público”, ha advertido la Relatoría parala Libertad de Expresión de la CIDH.
El principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
El principio 10 de la misma declaración establece que, en todo caso, “debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño, o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo una noticia falsa, o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
El registro de las noticias reseñadas por Sara Carolina Díaz constituye la más contundente prueba de que la periodista no actuó con la intención de dañar el honor y la reputación del diputado Lander, y la lógica del Derecho Penal indica que el vilipendio se comete sólo si hay intención de perjudicar al funcionario.
Inicialmente, Diaz escribió en su cuenta twitter la versión de los denunciantes. Luego, en la web del diario El Universal, agregó la versión de la esposa del diputado, con expresa mención de que hasta ese momento había sido infructuoso su esfuerzo por conversar con el directamente involucrado. Finalmente, en la edición impresa de El Universal, publicada al día siguiente, la comunicadora incluyó la versión de Lander.
El CNP-Caracas insta al Ministerio Público a ejercer cabalmente su rol de garante de la legalidad y defensor de la libertad de expresión en Venezuela. El gremio organizado apoyará a la colega Díaz, pues da fe de su honestidad y ético desempeño profesional.
