Hace un par de semanas una amiga, estudiante de Licenciatura en Administración en la Universidad Rómulo Gallegos (UNERG), núcleo San Juan de Los Morros - Estado Guárico, me solicitó la ayudara redactando una opinión a la premisa "¿Qué opinión posee sobre la decisión soberana de salida por parte de la República Bolivariana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Es buena o mala?.
Aunque no es lo ideal hacer trabajos ajenos, menos a estudiantes, acepté por saber su tren de vida. Resultó que lo que elaboré, luchando por ser subjetivo, la perjudicó, ya que su profesora le aplazó el trabajo ya que "evidentemente no estaba aceptando ni participando con el desarrollo del país y el sentimiento del socialismo bolivariano en su opinión".
LO que faltaba, disentir resta puntos. Es evidente que así será para mantener becas, cupos, cargos y paz estudiantil en esta casa de estudios, como en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) o Universidad Simón Rodríguez (UNESR). Pobre país, pobre educación.
Esto fue lo que realicé a la carrera, ya que ella me dio una hora, pero yo ya había leído el tema desde antes. Reconozco que me apliqué, pero este ataque a la protección, es un ataque a todos. Espero sus opiniones:
La
relación de Venezuela con la CIDH es en realidad un arma de doble filo. Muchos
de quienes aúpan la misma (por órdenes y por no leer las ventajas que protegen
a cada venezolano en este caso en particular), esas personas están quedando por
igual indefensas cuando los fallos nacionales no se encuentran a la altura o
hay predilección en aplicar fuertes medidas cautelares por conveniencia, como
los casos de algunos jueces, comisarios que se encuentran en prisión con
retardos procesales.
En
caso de que a futuro éstos sean acusados (por X causa) de corrupción o algún
otro acto fuera de la Ley y puedan demostrar con fe, basamento, pruebas y
lógica que no son los culpables y aun así se les dé persecución, es la misma
CIDH quien puede velar como árbitro internacional a derecho por el justo
procedimiento.
Esto
aplica por igual a Venezuela como país nacional, en caso de una demanda sin
basamento por transacciones, no poder cumplir estatutos o tener que ejercer
acciones soberanas. La CIDH es un órgano al cual se supeditaron para defender
los Derechos Humanos de sus habitantes.
El
que se deseen alejar de la misma es aislar un recurso de ayuda/apoyo. Es en
extremo un exceso de confianza y una demostración de soberbia, confundiendo la
identidad nacional como máxima ante el Derecho Internacional, en este caso un
contrato de países que fue suscrito como una norma a defender por igual hace
más de 100 años.
Venezuela
es parte del mundo, no de los países con quien se quiere aislar solamente. El
querer realizar una unión del Sur no es mala idea, pero un bloque sin apego al
resto del mundo, es encasilla a una patria en un falso crecimiento y poca
dependencia.
No
sólo consecuencias para la defensa de los derechos tendría la salida de
Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunciada
como una posibilidad por el presidente Hugo Chávez el 30 de abril. También
económicas. Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de
Educación–Acción en DDHH (Provea), advierte que el ingreso al Mercosur podría
retardarse aún más.
El
no respetar los principios democráticos que rigen la vida política y social del
país, es de plano instar a la separación que el llamado socialismo (como
concepto real), busca unir, creando nuevas separaciones matizadas de odios, altanerías
y soberbias. Eso es violar el derecho humano más fundamental: La Paz.
Esto
también es el resultado de un pensamiento de momento, no un estudio sesudo que
viera los pro y los contra, en especial por revertir lo que el mismo gobierno
que ahora se aleja (gobierno, no población ya que la misma ni con referendo
estaría realmente guiada del costo que esto tiene, sumada a la indiferencia
colectiva propia de los pueblos latinoamericanos).
El
gobierno venezolano suscribió en 2006 la Declaración sobre Derechos Humanos de
los Presidentes del Mercosur y Estados Asociados, donde se ratificó la adhesión
del grupo a los principios de la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre y la Convención Americana sobre derechos humanos.
Técnicamente
le niegan al país (pero se lo respetan a otros que nada de ello dicen) el
compromiso de continuar con el proceso de fortalecimiento y perfeccionamiento
de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La
gran pregunta nacional es ¿por qué para los demás países aliados a Venezuela
–integrados en Mercosur, ALBA y el CAN al cual nuestro país se desincorporó en
otro ataque provenzal de soberbia-, la CIDH sigue siendo efectiva y es aliada
de sus propias Constituciones y seguida por sus instituciones?.
El
poseer una de las más avanzadas Constituciones del continente no nos debe hacer
mejores con falso mesianismo, sino ejemplo de integración, crecimiento judicial
y amparo real al ciudadano y país en todo caso que les afecte y que por una u
otra razón no sea bien llevado por las leyes.
La
más grande demostración de desapego del gobierno bolivariano (no del país que
aún lo quiere, en especial quienes sí saben interpretar las leyes y no hablamos
de auto-exiliados o politiqueros de oficio), es que con la separación de la
CIDH y el ataque frontal a las normas constitucionales del Paraguay que destituyeron
al Presidente en funciones, Fernando Lugo, Venezuela acaba de ser aceptada en
el Mercosur ante el veto al actual gobierno interino del Paraguay, en el cual
se encuentran defensores democráticos y propulsores de los DH que se resistían
a la entrada de Venezuela a este bloque por no cumplir con los parámetros de
defensa democrática y el mutuo respeto entre las partes.
Ahora
sin la CIDH, la burla, la saña, la división tienen mayor fortaleza en el país,
donde se olvidó la equidad y en que los retardos judiciales, omisiones y costos
en tribunales echan por tierra muchas peticiones básicas de justicia, respeto y
balance entre los factores que hacen vida política, económica, social,
religiosa en Venezuela. Ya antes era así, ahora como dijimos será mayor, ya que
en que hace la Ley, hace la trampa.
Retirarse
de la CIDH implica un aspecto contrario a los principios de progresividad
establecidos en la Constitución. Al retirarse Venezuela se está denunciando a
la propia Carta Magna, porque que la Convención Americana tiene rango
constitucional. “La historia hará responsables a dichos funcionarios del
perjuicio causado al país en lo económico y social y del causado a los más
pobres en su derecho a la justicia”.
