Autora: Abog. Mauribit Hurtado - Aragua/Venezuela
Twitter: @mauribit
Siendo el 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos, en Venezuela observamos y padecemos desde 1999 ante los esfuerzos del Estado venezolano cada vez mas débiles por cierto en materia de respeto y protección a los Derechos Fundamentales de los Venezolanos. Con mucha preocupación y pesar se evidencia que se ha convertido en letra muerta la amplísima y prolija consagración de tales derechos en la Carta Magna, en un país cuya situación social, política y económica cada vez se hace más y más compleja y pareciera estar gobernado más por intereses personales o sectarios (del partido de gobierno) que por la preocupación real y tangible de cualquier estadista respecto al bienestar de los gobernados.
En Venezuela para empezar no se encuentran garantizados plenamente ni el derecho a la vida ni la seguridad personal, ya que se evidencia como a diario se reseñan a modo de mayor escalada el luto en familias por la perdida a manos del hampa de integrantes de integrantes de las mismas, siendo que a diario aumentan en número y frecuencia los delitos de hurto, robo, secuestro, homicidios, ante un Estado que no empieza aun a estas alturas a dar pasos serios y concretos para resolver la problemática, gravísima por demás de la Seguridad de las personas y sus bienes.
A diario se desestructuran familias, el país pierde valiosos conciudadanos a manos de la violencia criminal, con un Estado incapaz, incompetente y propiciador de la impunidad, con un sistema judicial desinstitucionalizado, dañado, partidizado, politizado incapaz de lograr garantizar justicia a quien ocurre a sus instancias, por la obsolescencia del sistema, ante pocos fiscales y jueces en número atiborrados de expedientes sin resolver, órganos de investigación penal politizados y en veces afectados por el germen de la corrupción, el sistema penitenciario incapaz de garantizar la protección de reos y procesados, en el comodismo e irresponsabilidad. De un Estado que entrega su autoridad en manos de particulares de modo exprofeso, agravando y haciendo del problema del delito un círculo vicioso, que hasta tanto no se manifieste una voluntad irrestricta de los órganos de gobierno competentes, seguirá siendo un flagelo para nuestra sociedad.
Vivimos en la Venezuela de hoy donde además problemas tan graves como la corrupción, fomentan la violación de los derechos económicos y sociales fundamentales que menoscaban el acceso de oportunidades de progreso y atención de necesidades básicas de los grupos socio económicos vulnerables y en general de toda la ciudadanía, y es que cuando el gobernante de turno desvía el dinero destinado para construir las escuelas, los hospitales, las viviendas, para promover la seguridad alimentaria y tantos otros vórtices importantísimos para el desarrollo de la calidad de vida de los venezolanos y aparte se gastan presupuestos, se hacen obras de malísima calidad que al poco tiempo resultan inservibles (como el caso de la vialidad de Maracay) y en fin no se concluyen las obras que beneficiarían a esos grupos vulnerables y además de todo se queda en la impunidad absoluta, la ineficiencia ante un Estado que no persigue el delito de corrupción de sus partidarios, sino que hasta se torna complaciente y se hace de la vista gorda por no afectar la popularidad del propio gobierno ni del "partido".
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Continuando con la reseña del deterioro del respeto y protección de los derechos humanos en la actual Venezuela, debemos hacer especial mención a la práctica perversa de la expropiación de bienes, sin pago ni retribución de justiprecio alguno, amparados en presuntos intereses y bien común de los venezolanos, donde luego de tales expropiaciones lo que ha logrado quedar en evidencia son empresas y tierras otrora productivas que generaban ingresos por impuestos y seguridad social y empleo para sus trabajadores, hoy son monumentos al abandono y a la incompetencia administrativa y generan pérdidas al Estado venezolano. Por otra parte vemos que cada vez se cuentan con menos medios de comunicación, y como además la autocensura se ha vuelto costumbre de algunos medios ante las serias amenazas de un férreo Estado autoritario.
Y siguiendo con las amenazas, hemos acompañado a nuestros líderes en el amargo camino de la persecución política, la discriminación y ahora con la novísima utilización de la justicia como arma de persecución y neutralización del adversario, simplemente por el hecho de pensar distinto y mas aun de apostar a un cambio razonable dentro de la constitucionalidad del sistema de gobierno actual, recientemente casos como en su oportunidad Henrique Capriles Radonski, Julio Borges, Juan Carlos Caldera, María Corina Machado, Richard Mardo, Leopoldo López, entre otros, diputados, concejales, alcaldes sacados de juego político, estudiantes con medidas cautelares y privados de libertad con el uso de artilugios jurídicos típicos de quienes usan la administración de justicia como un método de exterminio del adversario y no como el principio que garantiza la paz social, y vale recordar al respecto el carácter de imprescriptibilidad de las violaciones a los derechos humanos en torno a su persecución.
Llamamos a quienes hoy detentan el poder y ejercen el gobierno a la reflexión y exigimos como acto de buena voluntad la restitución del Estado de derecho pleno en el país, el cese a la persecución política, y que se garantice en tiempo y espacio el goce, disfrute y ejercicio de los derechos humanos para todos los venezolanos por igual.
Fuente: primerojusticia.org.ve
