¿Qué significa el reconocimiento internacional para la recuperación de la democracia en Venezuela?
Nota de Prensa de COMUNICACIONES CEPAZ, para @Periodistech
La crisis política de Venezuela vive un nuevo episodio significativo en el escenario internacional en torno a la legitimidad de quién ocupa la presidencia del país. Después de que el 10 de enero de 2019 Nicolás Maduro usurpara la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Juan Guaidó, en apego al artículo 233 constitucional asumió la primera magistratura.[1]
El primer país en expresar su reconocimiento a Guaidó como presidente encargado de Venezuela fue Estados Unidos, así como los países del llamado Grupo de Lima, a excepción de México.[2] Lo que ha conllevado a una ola de reconocimientos internacionales al actual líder de la Asamblea Nacional como único órgano legítimo de Venezuela.
En este sentido, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) resalta las implicaciones que conlleva este reconocimiento internacional a esta Presidencia.
Es necesario destacar que esta creciente lista de reconocimiento internacional es producto de la estrecha coordinación de una parte significativa de la comunidad internacional, para ejercer una mayor presión al ejercicio del poder sin base constitucional de Nicolás Maduro en distintas instancias internacionales, achicando así el campo de maniobra del régimen.
Entre estas primeras medidas en pro del reconocimiento de esta primera magistratura de Guaidó como encargado de la República, se destacan los esfuerzos realizados por el Grupo de Lima en el seno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en sesión el pasado 24 de enero, aprobó la declaración presentada por la delegación de Argentina, en reconocimiento de Guaidó como actor legitimo en la coyuntura venezolana. Asimismo se ubica la gestión de presión liderada por los Estados Unidos, país que logró aprobar la primera discusión formal sobre la situación venezolana en sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 26 de enero, permitiendo sumar nuevos reconocimientos al gobierno interino. [3]
Para la fecha del 31 de enero, la presidencia interina contaba con el reconocimiento internacional de 26 Estados y dos organismos como la OEA y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID). Así como el reconocimiento por parte del Parlamento Europeo (PE), que a través de la aprobación de la resolución presentada el 31 de enero, exigió a los Estados miembros de la Unión Europea a reconocerlo como mandatario interino hasta que se convoquen nuevas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles para la restauración de la democracia. [4]
Tras ello, este lunes 4 de febrero 19 países que conforman la Unión Europea (UE) y otros tres que pertenecen al viejo continente, reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Estos reconocimientos se materializaron pocas horas después de que expirase el domingo el ultimátum de ocho días dado por la UE para que el régimen de Nicolás Maduro convocase elecciones libres y democráticas.[5]
Por lo que actualmente, la presidencia encargada de Juan Guaidó cuenta con el respaldo de 49 Estados de la comunidad internacional. Número significativo tanto para la apertura de las puertas a un juego político distinto que le permite un mayor campo de acción y control internacional de temas de índole económico y político, pese a su falta de reconocimiento interno por los Poderes Públicos: Poder Electoral, Poder Judicial y Poder Ciudadano; así como para su papel como comandante y jefe de la fuerza militar.
Ante lo expuesto Cepaz se pregunta, ¿Cuáles son las implicaciones de este reconocimiento internacional?
- Institucionalización del gobierno interino
Entre los primeros cambios que se han podido evidenciar con el respaldo dado a Guaidó, yace el no reconocimiento a los cuerpos diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro producto a la carencia de legitimidad de su régimen. Tanto Estados como instancias internacionales han anunciado que únicamente serán reconocidos como funcionarios diplomáticos del Estado venezolano aquellos que hayan sido designados por el único órgano legítimo en Venezuela, la Asamblea Nacional.
Con esto, el Gobierno interino comienza a institucionalizarse en el ámbito internacional con la inclusión de Venezuela en instancias internacionales claves para la vigilancia, promoción y defensa de los derechos humanos de los venezolanos, donde el régimen de Maduro ha buscado soslayar sus obligaciones.
Ejemplo de ello son la inclusión de Venezuela como Estado miembro representado por el gobierno de Juan Guaidó al Grupo de Lima, el día lunes 4 de febrero. Así como el anuncio realizado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre la interrupción del retiro del Estado venezolano de la organización, tras la solicitud realizada por el régimen de Maduro en abril de 2017.
- Control financiero y comercial
Producto de su reconocimiento como actor legítimo, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cuenta con un control progresivo y ordenado de los activos de la República en el exterior. Viéndose respaldado tras los anuncios realizados tanto por el Departamento del Tesoro estadounidense como el Banco Central de Reino Unido, principales medios de adquisición de divisas del régimen de Maduro [6]
Estas medidas se centran en un mismo fin: cercar el campo de maniobra del régimen de Maduro con el objeto de generar el quebramiento interno que conlleve a un proceso de negociones y futuras elecciones. No obstante, se hace necesario señalar que el endurecimiento de las sanciones petroleras anunciadas por Washington contra el régimen de Maduro, en caso de gestarse un proceso de cambio en el largo plazo, implicaría grandes afectaciones a la vulnerada situación de derechos humanos de la población venezolana, ante la incapacidad del Estado de proveer alimentos para solventar la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.
- Inicio del proceso de ayuda humanitaria
Entre los principales puntos de la agenda internacional se encuentra la situación de emergencia humanitaria venezolana. Distintos Estados han manifestado la entrega de fondos económicos para la atención de la situación venezolana y su llegada al país para el inicio del proceso de ayuda humanitaria.
Esta medida se produce tras el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional donde se solicita la activación de los mecanismos de apoyo temprano y gestión de crisis de la ONU. [7] Por lo que, el respaldo de la presidencia encargada de Juan Guaidó, cuenta con un factor fundamental que le permitirá el mantenimiento del control internacional, ante la preocupación de la comunidad internacional por la situación interna, incluyendo el fenómeno de movilidad humana, que ha alarmado a la región por el desproporcionado número de venezolanos que huyen de la crisis venezolana. Así como le permitirá maniobrar la situación interna, como mecanismos de presión socio-político con el manejo del ingreso de la ayuda humanitaria como su ejecución.
Reflexiones finales
Bajo este contexto, Cepaz entiende lo clave que ha significado el apoyo de la comunidad internacional, tanto por el hecho de haber permitido la conformación de una coalición internacional, materializada en la coordinación y articulación de una serie de medidas contra el régimen de Nicolás Maduro. Así como el alcance que ha obtenido el Gobierno interino en espacios internacionales fundamentales para el restablecimiento del orden constitucional, y para dar respuesta a la emergencia humanitaria y generar las condiciones para un cambio político pacífico, y específicamente, para la celebración de elecciones libres y transparentes.
Asimismo expresamos que vemos el panorama actual como un proceso político, donde nuestro apoyo se centra en el reconocimiento de la propuesta planteada por la Asamblea Nacional para la reinstitucionalización y recuperación de la democracia venezolana, la cual incluye a Guaidó como presidente encargado.
Sin embargo, el llamado como organización de derechos humanos sigue siendo el mismo: una actuación coherente y apegada a los derechos humanos por parte de los actores internacionales, en entendimiento de que el caso Venezuela es una situación inédita. Cuya resolución no puede encontrarse en ninguna norma vigente ante la crisis de institucionalidad democrática que atraviesa el país.
Siendo necesario enfatizar que pese a que la agenda del cambio político ha ocupado los principales espacios comunicacionales, detrás de esto, sigue y persiste una crisis de emergencia humanitaria compleja que hemos denunciado en numerosos oportunidades y que sigue cobrando vidas, y que bajo en este contexto se recrudece.
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